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Iba siendo hora. El extenso caudal de operaciones con criptomonedas que viene teniendo lugar en los distintos mercados económicos a nivel mundial está generando la necesidad de estructurar una regulación concreta al respecto. Se trata de llevar a cabo un control exhaustivo de las transacciones e impedir con ello que los ciberdelitos sigan alcanzando niveles tan altos como los que registran a día de hoy en estos entornos. Ante un panorama así, desde la Unión Europea consideran oportuno ir afinando una legislación que promueva la correcta circulación de este tipo de activos digitales, siempre bajo el foco de la seguridad.

Hace apenas unas semanas tuvo lugar en el Parlamento Europeo la aprobación de una normativa que llega precisamente para fijar el funcionamiento del mercado de criptomonedas. En concreto, se trata de la denominada propuesta MiCA (Markets in Crypto-Assets), que salió adelante en proceso de votación y cuya finalidad pasa por implementar una regulación que sirva para impulsar el rol de las finanzas virtuales en materia de evolución a nivel europeo. Si bien algunos de los estados miembros de la UE disponen ya de un escenario legal en la materia, el planteamiento de MiCA irrumpe ahora con la intención de buscar una homogeneidad en torno a la instauración, el progreso y la circulación de criptomonedas.

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Las cifras están ahí

Las voces más especializadas del universo cripto coinciden en la urgencia de poner en marcha una normativa de estas características, que además abordaría directamente el problema del fraude en un ambiente tan sensible como el que nos ocupa. Las cifras ponen de manifiesto la necesidad de una pronta intervención: un estudio elaborado por Chainalysis, la consultora especializada en blockchain, concluye que la ciberdelincuencia llegó a blanquear en 2021 más de 8.000 millones de dólares en criptomonedas, unos números que suponen un incremento del veinticinco por ciento con respecto al año anterior. 

Hasta la fecha, la falta de un marco legislativo de carácter europeo que aborde específicamente el curso de estas monedas está generando la estampida de los grandes inversores, que miran con cierta desconfianza el comportamiento del sector. Como consecuencia de ello, empiezan a surgir los primeros afectados: por un lado, las plataformas orientadas a la compraventa de activos cripto, que sufren la falta de financiación de las compañías más potentes; por otro lado, los usuarios, que tampoco están dispuestos a asumir el riesgo que suscita un mercado que todavía se muestra un tanto indefinido.

La previsión marca que el conjunto de medidas que integra la propuesta MiCA aprobada en sesión europarlamentaria podría entrar en vigor aproximadamente dentro de un par de años. Algo que vendría a suavizar la contención inversora y que provocaría al mismo tiempo un clima propicio para avanzar en seguridad jurídica, en la ausencia de ayuda gubernamental y en asuntos referidos a la volatilidad de este tipo de monedas.

Medio plazo incierto y amenazas

Tampoco parece que el vínculo que mantiene el mundo de las criptomonedas con el fisco español esté precisamente delimitado. Aunque existe una ley global que hace lo posible por evitar el blanqueo de capitales, la verdad es que en España sigue sin concretarse un reglamento tributario que profundice en los activos digitales. Tal es el grado de desatención, que en la actualidad no es obligatorio declarar el patrimonio cripto que un usuario pueda tener alojado más allá de la geografía nacional. Se espera que en los próximos años este tema sea tratado con la especifidad que merece. 

El riesgo de ser víctima de la piratería informática es otro de los factores que está frenando el interés de los inversores; el mercado virtual es justamente el mejor clima para la ciberdelincuencia. Se trata de una actividad delictiva sobre la que los gobiernos están poniendo el foco de manera minuciosa, tratando de reducir su impacto y llevando a cabo una vigilancia extrema de las plataformas conocidas como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP), cuya actividad radica fundamentalmente en el intercambio de criptomonedas. 

Al respecto, el Gobierno de España impuso el año pasado a los VASP la obligatoriedad de estar adheridos a una base de datos oficial y de respetar una serie de directrices diseñadas para reducir el fraude financiero. Esta decisión llega de la mano de las sugerencias reflejadas en los informes provenientes del Grupo de Acción Financiera Internacional, cuya labor no es otra que la de crear medidas que ayuden a eliminar el blanqueo económico.

En la misma dirección contra el fraude en internet se mueven las plataformas de criptomonedas, que cada vez invierten más recursos en crear portales seguros y capaces de mantener a salvo la información privada de los usuarios, que es justamente el requisito imprescindible que todos buscan. Para ello, resulta fundamental hacerse con la tecnología más avanzada del momento, que no es otra que el sistema de encriptación de datos personales denominado protocolo SSL (Secure Sockets Layer) de 128 bits. Esta herramienta cuenta con la garantía de estar siendo empleada por aquellos entornos que acostumbran a realizar miles de transacciones económicas al cabo del día, como pueden ser las entidades bancarias o las plataformas de juegos de azar. De hecho, tanto los bancos como los casinos online fiables en España traen consigo este recurso a fin de salvaguardar contenido tan sensible como un número de cuenta o una contraseña personal. Su funcionamiento parte de un algoritmo matemático que actúa como motor de claves aleatorias de 128 bits de extensión. Estas servirán de muralla indescifrable para mantener a salvo la información de los usuarios que circula desde la plataforma hasta el servidor. De este modo, los hackers interesados en acceder a los datos de los inversores deberán antes averiguar cuál es la clave que conduce a ellos, cosa más que improbable. 

Europa se prepara así para un trayecto de largo alcance en el que la regulación y la seguridad informática se vuelven piezas indispensables.

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