Cuando hablamos del Estado, hay tres Poderes que nos vienen a la mente. Cada uno tiene competencias y prerrogativas definidas en la Constitución. El Ejecutivo, por ejemplo, es directamente responsable de los servicios públicos como la salud, la educación, la seguridad y la infraestructura. El Legislativo, por su parte, tiene la función de discutir las leyes y negociar con la sociedad y el Ejecutivo el formato de estas propuestas para finalmente votarlas. Cabe señalar que el Poder Legislativo también supervisa al Ejecutivo y representa a diversos sectores de la sociedad. El Poder Judicial es el poder que dicta los juicios. Le corresponde resolver los conflictos entre los ciudadanos, entre los ciudadanos y el Estado o entre los Poderes del Estado. Es el Poder Judicial el que decide cuál de las partes en el proceso tiene la razón. La prerrogativa de estos tres poderes es que trabajen en armonía, pero sin interferir entre sí, siendo independientes e imparciales entre sí. Es decir, un poder judicial, en teoría, no puede actuar en nombre de personas específicas en el poder ejecutivo o interferir en la estructura de las relaciones sociales para favorecer a una persona específica. Sin embargo, Charles Lund Black, en “The people and the court”, demuestra que, empíricamente, esto es exactamente lo que sucede. Argumenta que el Estado siempre actuará y se defenderá y que ese es el ambiente con los incentivos necesarios para desviar las decisiones del Estado de la verdadera justicia. Como fue el caso de la liberación del actual presidente electo Luis Inácio Lula da Silva. Su liberación se debió a un tecnicismo del Poder Judicial, que resultó en la nulidad de sus procesos, incluidos los que ya tenían el carácter de “finales e inapelables”. El problema es que las injusticias, que son propias del Estado, provocan el descontento de la población, que percibe una fragilidad moral de la institución pública y se rebela contra ellas, reclamando a veces medidas drásticas y muchas veces contraproducentes. Este tipo de escenario provoca inestabilidad jurídica que, en última instancia, afecta también a las relaciones económicas. El razonamiento es bastante simple, al existir una disputa de poder donde la ventaja está del lado de quienes optan por políticas antimercado, incorporan a sus expectativas empresariales un entorno aún más hostil para sus negocios, que incorporan en la cálculo de riesgo de la empresa – o empresas. ¿Te gustó el tema que se abordó aquí? ¡No olvides ver en vivo todo lo que se discutió en el Debate Descentralizado!
Aviso: El texto presentado en esta columna no refleja necesariamente la opinión de CriptoPasion. Lea también: El mercado de NFT de OpenSea elimina a los artistas y usuarios cubanos después de las sanciones de EE. el brasil
